Habrá control de las descargas por Internet pero sin agobios. La industria
cultural española ha renunciado a la aplicación de la llamada ley Sarkozy, el
modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, que había sido
hasta ahora su santo y seña en las negociaciones que mantienen con los
operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, para regular esta
materia. La última propuesta de la industria audiovisual, representada por la
Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, renuncia a la persecución de
los más de ocho millones de internautas que realizan descargas de vídeos y
música por Internet, y se centra en la persecución de las páginas web que
facilitan los enlaces que permiten esas descargas.
"La industria quiere
un modelo de regulación distinto del francés, centrado en quienes se lucran con
la piratería. Nuestra prioridad no son las sanciones, sino facilitar que quienes
consumen productos en Internet encuentren servicios que ofrezcan obras con
calidad, seguridad y a precios asequibles. Para lograrlo hacen faltan acuerdos
entre las operadoras y la industria de contenidos, que hagan posible compartir
los riesgos que todo cambio de modelo de negocio tiene", señalan fuentes de la
coalición.
De esta forma, se descarta un sistema de notificaciones
masivas con cortes de conexión para los internautas que usen programas de
intercambio de archivos p2p (eMule, BitTorrent), como prevé la ley francesa, que
fue tomada como modelo por la actual ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, cuando ocupaba la presidencia de la Academia de Cine. La
propuesta de la coalición se centra en la persecución de los llamados
"concentradores", los responsables de las páginas web que alojan o enlazan los
archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las
descargas. Según algunas estimaciones, esas website son responsables del 80% del
tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).
En
este sentido, la propuesta de la coalición -integrada por las patronales del
cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos- distingue
dos procedimientos. Uno, aplicable a los "concentradores", consiste en un primer
y único aviso para que cesen en su actividad "ilícita" tras el cual, y si no hay
rectificación en la conducta, se procedería a la interrupción definitiva del
alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al bloqueo de las
páginas radicadas en el extranjero.
Los usuarios comunes seguirían otro
procedimiento: el de los tres avisos -con "carácter educativo", según sus
promotores- para que dejen de subir archivos a la Red (que no bajar). De no
surtir efecto se aplicarían medidas dirigidas al filtrado o al bloqueo del
acceso de las páginas web desde las que se realizan las descargas, evitando en
la medida de lo posible la desconexión de Internet.
"Contra la piratería
comercial, que nosotros llamamos concentradores, se debe poder aplicar la ley
actual, que ya permite cerrar las páginas que están poniendo a disposición obras
sin el permiso de sus propietarios. Podemos facilitar los procesos si
establecemos una vía administrativa en materia de regulación de contenidos en
Internet, como ya existe en televisión. Esta autoridad administrativa podría,
tras un primer aviso y los plazos correspondientes de alegaciones, ordenar la
suspensión definitiva del servicio de alojamiento. Para el resto de usuarios
somos partidarios de un sistema de notificaciones, con una clara voluntad
educativa y disuasoria, y, sólo para usuarios reincidentes, se podría estudiar
algún tipo de medida tecnológica, que debe ser proporcional y temporal",
explican en fuentes de la coalición.
Aunque el sistema de tres avisos es
el que se quiere implantar en Francia y Reino Unido, la propuesta en España es
que se minimice el número de notificaciones para evitar la alarma social. Y es
que, frente al modelo francés, que prevé 10.000 notificaciones al día para los
internautas, las cifras que se manejan en la negociación entre la coalición y
Redtel no alcanzan ni el 0,01% de esa cifra.
Respecto a la polémica sobre
la desconexión, la coalición estima que ya existen sistemas de rastreo de los
llamados hash (el DNI que identifica cada archivo en la Red) que permitirían a
los operadores bloquear el acceso a las páginas que permiten su descarga,
evitando esa medida. "La interrupción temporal del servicio a Internet sería
excepcional y temporal si todo lo demás falla", precisan en las mismas
fuentes.
Para aplicar ese sistema, se propone una Comisión de Desarrollo
y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado
orgánicamente al Ministerio de Industria- que ejercería el control del proceso,
tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos
descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web.